Este fin de semana, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, se confirmó un cambio de época: competitividad y seguridad ya no se discuten por separado. La resiliencia de las infraestructuras críticas —también las redes digitales— ha pasado a ser política económica.
Europa construyó su política económica sobre una convicción legítima: la competencia protege al ciudadano. Durante años, la fragmentación ayudó a garantizar precios, equilibrio e innovación. Pero los principios económicos tienen ciclo histórico y, en telecomunicaciones, esa lógica empieza a volverse en contra: en un mundo de rivalidad entre bloques y amenazas híbridas, el problema ya no es solo competir dentro de Europa, sino tener capacidad de invertir para competir fuera.
En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido un “nuevo contrato social” que permita cierto grado de concentración empresarial a cambio de mayor inversión e innovación. No es un cambio ideológico, es una adaptación a la realidad tecnológica.
El discurso del contrato social y de la necesidad de las consolidaciones en sector para competir a escala global, ha sido acuñado desde la industria por Marc Murtra, presidente de Telefónica, que ha advertido reiteradamente que Europa compite en desventaja frente a Estados Unidos, China o India, donde tres o cuatro operadores concentran la capacidad inversora necesaria para desplegar redes avanzadas, mientras el mercado europeo mantiene decenas de actores.
Europa no carece de talento ni de conocimiento; carece de escala, y en infraestructuras la escala no es tanto poder de mercado como capacidad sostenida de inversión.
Lo sorprendente es que hayamos tardado tanto en actuar, porque competir exige sumar.
El informe Draghi de 2024 lo formuló con claridad: para cerrar la brecha de competitividad, Europa necesita un marco que permita más escala en telecomunicaciones, ponderando compromisos de inversión e innovación sin deteriorar el bienestar del consumidor. El problema es el tiempo: desde entonces hemos avanzado más en consenso que en ejecución, y en el contexto actual esa latencia sale cara.
Este debate no es nuevo. El sector financiero europeo atravesó un proceso similar durante las últimas dos décadas. Primero nacional, después transfronterizo, la consolidación permitió recapitalizar entidades, absorber regulación creciente y financiar la economía real en un contexto global. Sin tamaño suficiente, la banca europea habría quedado relegada a actor local en un sistema internacional. Hoy asumimos que aquella concentración fue la condición para preservarlo.
En telecomunicaciones ocurre algo equivalente: la fragmentación ya no penaliza solo la eficiencia; penaliza la capacidad de ejecutar a escala —inversión, ciberseguridad, sustitución de proveedores de riesgo y respuesta coordinada ante incidentes—. El sector afronta un punto de inflexión.
La cuestión relevante no es si habrá consolidación, que parece inevitable, sino cómo se gobernará. Aquí el papel de los consejeros independientes resulta determinante. La concentración conlleva más exigencia, no menos: más supervisión estratégica, más transparencia y mayor responsabilidad social.
Si Europa permite más escala, el retorno público no puede ser un eslogan: debe ser un contrato medible desde el consejo de administración —inversión y despliegue reales, mejor calidad de red, resiliencia y ciberseguridad— y, sobre todo, competencia efectiva para que la consolidación no se convierta en rentas, sino en capacidad de invertir y competir.
La independencia del consejero no consiste solo en ausencia de conflicto de interés, sino en aportar horizonte de largo plazo cuando la presión del corto plazo domina la decisión.
La consolidación puede generar campeones europeos, pero solo si esos campeones se gobiernan con estándares superiores: disciplina de capital, cultura tecnológica y visión industrial europea. Europa no necesita menos competencia: necesita competir globalmente, y eso exige actores capaces de sostener inversiones de décadas, no de trimestres. El riesgo no es consolidar; el riesgo es confiar en que un mercado estructuralmente fragmentado pueda financiar redes, ciberseguridad e inteligencia artificial al ritmo que exige la economía digital.
La regulación europea nació para proteger al ciudadano; ahora debe también proteger su capacidad de futuro. Desde los consejos de administración debemos entender que no estamos solo ante operaciones corporativas, sino ante decisiones estructurales para la competitividad del continente. La gobernanza marcará la diferencia entre concentración económica o fortaleza estratégica.
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Publicado por primera vez en Expansión el 18 de Febrero de 2026.
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